“Yo aquí hago maravillas, porque de esto no entiendo nada”.

Crónica2

Crónica de la Segunda diligencia para solicitar legalmente la exhumación de Julio César Mondragón

27 de agosto del 2015

Diana del Ángel

Primer Juzgado, Tribunal Superior de Justicia Iguala de la Independencia, Guerrero.

Ante el escritorio de la Lic. Ma. Sagrario, Secretaria de acuerdos del Juzgado, comienza la comparecencia de Marissa Mendoza, viuda de Julio César Mondragón Fontes, para dar su consentimiento sobre la exhumación del cuerpo de su esposo. El juez ha dado su anuencia para que dos documentalistas graben esta diligencia, en aras de que todo sea lo más transparente posible, siempre y cuando las cámaras apunten hacia la viuda y su abogada, Sayuri Herrera.

Aunque intentaron remozar el escritorio y removieron algunas de las pilas de expedientes, las cámaras podrán grabar la precariedad del mobiliario y el hacinamiento del espacio. La que sí quedó impecable fue Sagrario: tiene los ojos delineados en negro, las sombras color rosa y un coordinado de aretes y dije dorados. El sonido del viejo CPU sirve de fondo para su plática cansina, que nos cuenta lo difícil del trabajo en la oficina. Sayuri le entrega su cédula profesional y con ese simple gesto comienza el proceso. El expediente 212-2014, uno de los tres que involucran el caso de Julio, con sus más de mil páginas en tamaño oficio, yace frente a nosotras. Frágil y fragmentaria memoria de su cuerpo.

Luego de confirmar los datos generales de Sayuri y la dirección oficial para notificaciones; de hacer constar que Marissa es la ofendida y el resto (unos cinco al menos) somos acompañantes comienza propiamente la comparecencia. El juez César Abraham y la Ministerio blico adscrita al Juzgado, de nombre Esperanza, son los que presiden el proceso (tendría que haber otro fiscal, pero dado que es hora de comer, delega ese trabajo a su compañera). Los trabajadores no dejan de mirarnos, me imagino que no es común que la Ofendida llegue acompañada de camarógrafos. Siento la inquietud de Marissa, que unos minutos antes nos dijo que no confiaba en el juez porque no la había mirado a los ojos. Tratamos de animarla diciéndole que de todos los funcionarios que hemos conocido es el más accesible. El nerviosismo inicial deja paso un ambiente tedioso, donde Sagrario teclea esporádicamente un dato, revisa papeles, murmura algo, vuelve a revisar los mismos papeles y teclea otra cosa. Arriba los pájaros planean sobre nosotros. Cerca de las dos de la tarde, Sayuri, como representante de la Ofendida, comienza la petición.

“Venimos ante este esta autoridad a ofrecer materia judicial, peritaje y medicina forense para la diligencia de exhumación del normalista desollado la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, Julio César Mondragón Fontes…”. Todos escuchamos la voz firme y tranquila de Sayuri, cuyas palabras son sucedidas por el rápido tecleo de Sagrario. Sayuri fundamenta la petición en el artículo 20 de la Constitución, en su apartado A, fracción primera; luego alude a la Ley General de Víctimas y, cuando es pertinente, se detiene a leer lo que cada artículo, código o ley dicen a la letra.

Por momentos pienso en lo complicado que es para el ciudadano común comprender todos los términos jurídicos necesarios para su defensa o las leyes que protegen nuestros derechos y garantías. Yo misma, salvo el artículo 20 constitucional, no sabría decir dónde encontrar el resto de las herramientas para salir de un problema. Dentro de todo, experimento cierta emoción cuando escucho a la abogada fundar la petición en el derecho a conocer la verdad, el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición del acto en ninguno de los integrantes de esta sociedad. Si cada uno de nosotros hiciera sus actos sabiendo que van en beneficio o perjuicio de la comunidad. Así, al pedir memoria y justicia para uno, sería también para uno mismo. Si en eso pudiera basarse nuestra comunidad.

Sayuri continúa la petición citando ahora el informe que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sagrario, por su parte, no puede evitar hacer un gesto de cansancio cuando ve que la abogada emplea términos como “intervención judicial pertinente”. Poco a poco la mención de leyes e informes deriva en el cuerpo mancillado de Julio y la necesidad de realizar una nueva necropsia para determinar las causas y agentes de su tortura y muerte. En cierto modo, todo el aparato jurídico, todas las palabras argüidas culminan en el cuerpo de Julio, en la necesidad de poner al descubierto la verdad de su rostro sin piel.

El paso siguiente es impugnar los dictámenes periciales del Servicio dico Forense y de la Fiscalía de Iguala, Guerrero por ser contradictorios entre sí (uno dice que el agente del desollamiento fue la fauna del lugar y el otro, un objeto cortante). Se pide la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); se pide que el juez dirija una orden al MP de Iguala (Hermenegildo, a quien conocimos la diligencia pasada) para que nos entregue la bitácora pericial del 27 de septiembre del año pasado, se pide que se estudie una fractura, un golpe, un trauma craneal. Ofertamos el nombre de los peritos. “Es cuanto”, culmina Sayuri, pues tal debe ser la fórmula para terminar. Luego Marissa debe decir: “Otorgo mi consentimiento expreso”. Cada palabra tiene consecuencias jurídicas distintas.

Aunque el juez responde, también apoyado en leyes, estar de acuerdo con todo; surgen algunas inconveniencias. La primera se resuelve sin mayor dilación, los peritos podrán protestar su cargo por escrito, de modo que el proceso sea mucho más rápido, pues todos ellos vienen de diferentes países y es complicado acoplar sus agendas sólo para comparecer en persona. La otra cuestión es que la MP, Esperanza, sugiere no impugnar, sino ampliar los dictámenes periciales, pues así podría usarse parte de la información que hay en ambos documentos. Sayuri opta por una impugnación parcial. En voz muy baja, la MP nos dice que de haber elegido “ampliar”, ella habría suscrito toda la petición. Pero que así no puede, porque “impugnar” sería como ir en contra de sus compañeros del Poder Judicial y eso no puede hacerlo, porque sería como ponerse su propia contra. Ella parece olvidar que su trabajo es una figura jurídica, no un cargo amistoso, pero hay muchas formas de decir encubrimiento.

El trámite parece no tener fin, son ya las cinco de la tarde. Ahora sólo falta que impriman la diligencia para que la firmen el juez, que acordó todas las peticiones a nuestro favor; la MP, que se reservó, y la abogada de Marissa. Mientras el juez y Sayuri revisan los últimos detalles, escucho de pronto a Sagrario decir, casi con desparpajo, “no pues, yo hago aquí maravillas, porque de esto no entiendo nada”. Ella sólo escribe, no cree que debería entender; ella solo pone una palabra detrás de la otra: “derecho a la verdad, reparación, no repetición…”, sin saber que en ese lenguaje ajeno, extraño y sin música es otro lenguaje de la esperanza.

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